Se paraliza Administración Departamental

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El Gobernador Sigifredo Salazar solicitará la renuncia de varios funcionarios de libre nombramiento y remoción ante la ausencia de operatividad a la que se vio obligado por la negativa de facultades  para poder operar.

El pasado domingo terminaron las sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental y dentro de algunos debates, estaba el proyecto que aprobaba los recursos del balance para la ejecución de obras importantes en torno a la operatividad de la Gobernación.

Los dineros en un 75 % son del S.G.P (Sistema General de Participaciones), es decir, dinero que envía el Gobierno Nacional para ejecutar obras en salud, educación, saneamiento básico, agua potable, entre otras obligaciones estatales. Sin embargo de los 12 diputados, el grupo del G7, que hace oposición al Gobernador, dejaron el proyecto en segundo debate, faltando un debate para su aprobación y quedando de esta manera el proyecto para las próximas sesiones, debido a que no es posible aprobarse en extraordinarias, ni puede ser decretado por el Gobernador. Dichos recursos del balance ascienden a los 38 mil millones de pesos.

El grupo de Diputados denominado G5 en cabeza del diputado Hugo Armando Arango, quienes están en línea con la Administración Departamental, dieron a conocer lo que significa no haberle otorgado las facultades al Gobernador para operar, presentando los argumentos jurídicos y los inconvenientes que pueden presentar, pues algunos dineros tendrían que ser devueltos a la Nación.

La decisión tomada por el G7 alteró la financiación del plan de desarrollo y las metas propuestas por la administración departamental, que el Gobernador solicitará la renuncia de algunos funcionarios de libre nombramiento y remoción que manejan las direcciones dentro de las secretarias departamentales.

«A pesar de que el proyecto que aprobaba recursos del balance fue presentado desde hace más de 40 días a la Asamblea, éste fue tramitado de forma lenta y tardía», expresó el diputado Hugo Arango.

Consecuencias ante la no aprobación del proyecto

  • No habrá dinero (por lo menos hasta que se apruebe el proyecto en junio) para enviar a los hospitales departamentales de los municipios de Risaralda.
  • El dinero para la ejecución del PAE, (Programa de Alimentación Escolar), con el cual se garantiza la alimentación de los niños en las escuelas y colegios, también está paralizado.
  • La ejecución de obras en salud por parte de algunos alcaldes de municipios como Apía, Belén, La Virginia entre otros, no se podrá realizar.
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