INFORME: Estas son las propuestas de los líderes del No para renegociar el acuerdo de paz

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Uno de los momentos más críticos en la historia reciente del país ha sido el inesperado, para muchos, resultado del plebiscito que buscaba refrendar los acuerdos logrados entre el Gobierno y las Farc en La Habana, Cuba. La victoria del No, con el 50,21 % (6.431.376 votos), confirmó la división que vive el país con el proceso de paz.

En razón a esos sorpresivos resultados, el presidente Juan Manuel Santos tuvo que llamar a sus más férreos contradictores, entre ellos, a los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, al exprocurador Alejandro Ordóñez y la exministra Martha Lucía Ramírez, con el fin de buscar un acuerdo nuevo para plantear a las Farc.

Los sectores que abanderaron en estos últimos meses el rechazo por el Acuerdo Final de Paz consolidaron ya sus propuestas, estos son los puntos que consideran se deberían modificar.

Diferencias y semejanzas

Vale mencionar coincidencias entre las propuestas, como que consideran que el acuerdo no tiene ninguna validez jurídica y que no puede ser parte del bloque de constitucionalidad, así como la importancia de que no sea vulnerado el principio de cosa juzgada en las decisiones judiciales.

Justamente, todos están de acuerdo en la necesidad de que este tipo de justicia opere en la resolución del conflicto armado, pero que dependa exclusivamente de la Rama Judicial.

Sin embargo, en este último punto empiezan a darse las primeras diferencias. Pastrana y Ordóñez consideran que la justicia transicional debe estar sujeta a controles de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, con diferentes funciones jurisdiccionales; mientras que Uribe y Ramírez se inclinan por que la Corte Suprema de Justicia sea la única corporación  judicial que intervenga como órgano de cierre.

En relación con la nacionalidad de los magistrados u operadores judiciales que intervengan en los diferentes procesos judiciales, los opositores piden que sean connacionales; sin embargo, Ramírez le da cabida a jueces extranjeros, preferiblemente miembros de la Corte Penal internacional o con experiencia en resolución de conflictos internacionales.

Si en los procesos judiciales que se lleven con ocasión de este proceso de paz no se confiesan los crímenes cometidos, ni se repara integralmente a las víctimas, piden que los acusados sean excluidos de la justicia transicional, caso en el cual deberán ser objeto de la justicia penal ordinaria.Uribe expone que al momento en que ocurran estas situaciones las sanciones deberían oscilar de 15 a 20 años de privación efectiva de la libertad, y pasarían directamente a la justicia ordinaria.

Propuestas Álvaro Uribe Vélez

En cuanto al punto de participación política, el expresidente Uribe manifiesta la importancia de que se establezcan unas zonas electorales con participación exclusiva de los partidos que representen a las Farc.

Además, se permitiría la participación de todos los partidos políticos en las 16 circunscripciones transitorias especiales, permitiendo que quienes ejerzan las candidaturas sean prioritariamente víctimas de la violencia en dichas zonas. (Lea las propuestas en este enlace).

En relación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el expresidente, implacable opositor del proceso de paz de La Habana, enfatiza que debe ser eliminada y, a su vez, remplazada por un sistema de justicia transicional en la jurisdicción ordinaria. Dicha instancia no quedaría como un órgano separado y autónomo que tomará decisiones de cierre.

Por esto, encuentra necesario crear dentro de la jurisdicción ordinaria unas salas especializadas que se denominarían cortes para la paz, las cuales orgánicamente estarían adscritas al Tribunal Superior de Bogotá. Dichas cortes no podrían desconocer el carácter de cosa juzgada de las decisiones anteriores de la jurisdicción ordinaria.

Pero la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia fungiría como superior jerárquico (segunda y última instancia) de las denominadas cortes para la paz. También tendrían la facultad de revisar extraordinariamente una sentencia proferida por la sala de juzgamiento, cuando surjan nuevos elementos probatorios que permitan establecer que se presentó un evidente error judicial en perjuicio del condenado

En el caso de reconocimiento de la responsabilidad (sea autor o cómplice), las sanciones serían de 5 a 8 años de privación efectiva de la libertad, así sea en lugares de reclusión alternativos como granjas agrícolas. Por su parte, si no hay reconocimiento de la responsabilidad y la misma se determina por las autoridades del componente de justicia, las sanciones serían de 15 a 20 años de reclusión.

La propuesta uribista contempla la creación de unas fiscalías para la paz, las cuales pertenecerán a una unidad élite de la Fiscalía General de la Nación. Es necesario finalizar con que se exige que los magistrados y fiscales sean colombianos y con una edad mínima de 40 años.

Propuestas Alejandro Ordóñez

 Las propuestas del exjefe del Ministerio Público versan principalmente sobre género, justicia transicional, condenas y asuntos agrarios, entre otros temas. (Lea las propuestas en este enlace).

Ordóñez manifiesta que en este caso se debe lograr un nuevo acuerdo basado en condiciones diferentes a las inicialmente convenidas y no “simples retoques, ajustes o precisiones”. Así, presentó varias consideraciones que, a su juicio, son esenciales para respetar y acatar la voluntad expresada por la ciudadanía en el plebiscito.

Dentro de la agenda temática aborda el tema de justicia y lucha contra la impunidad. Pide sanciones adecuadas y proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos, puntualmente señala los siguientes:

· Justicia transicional sujeta a los controles de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional.

· Sanciones adecuadas y proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos.

· Que la base del tratamiento especial de la justicia transicional sea la confesión completa, no solo el reconocimiento de los crímenes que el Estado logre inicialmente demostrar.

· Que la verdad completa, detallada y exhaustiva sea condición para acceder a este tipo de justicia

· Que la riqueza acumulada por las Farc e individualmente por sus integrantes sea entregada previamente para acceder a cualquier tipo de beneficio judicial.

· Que la no confesión, ni reparación a las victimas excluya de la justicia transicional al victimario, caso en el cual deberá ser objeto de la justicia penal ordinaria.

Pero también plantea algunos asuntos respecto con los delitos conexos, las penas y la participación en política de las Farc:

· Participación política sometida al cumplimiento de la pena y a la satisfacción de los derechos de las víctimas.

·  Libertad política y pluralismo en las circunscripciones transitorias especiales de paz.

· Narcotráfico es delito conexo con los crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio, no con el delito político.

Menciona, además, acerca de la seguridad para el campo, dar plenas garantías a la propiedad privada; que el grupo guerrillero restituya la totalidad de la tierra despojada a las víctimas y al Estado y otros programas económicos definidos en la ley, y que el uso del suelo sea definido por las autoridades y no supeditado a la aprobación de las comunidades.

Por último, el exprocurador propone tramitar una ley de amnistía para los guerrilleros que no hayan cometido delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, así como tampoco delitos conexos.

Propuestas Martha Lucía Ramírez

Por su parte, la excandidata presidencial Martha Lucía Ramírez  dice, inicialmente, que el acuerdo tal como está planteado crea una serie de instituciones, organismos y comisiones cuyo funcionamiento es confuso, genera más burocracia y desnaturaliza el ejercicio de las facultades de autoridades públicas, como alcaldes y gobernadores. (Lea las propuestas en este enlace).

Como consecuencia, plantea unos puntos que, a juicio de la autora, viabilizarían la firma e implementación de un acuerdo que garantice a la sociedad la desaparición de las Farc como organización armada y que fortalezca la institucionalidad democrática.

En materia de participación política, señala que a los miembros de las Farc se les deben dar garantías, mas no ventajas para el desarrollo de su actividad política, teniendo en cuenta que el acuerdo establece una importante financiación proveniente de diferentes orígenes, directos e indirectos, así como cooperación internacional.

En consecuencia, dice que los recursos de financiación y difusión que reciba el partido de las Farc deberán equivaler a la media que se asigna actualmente a los partidos políticos existentes.

En el caso de los delitos de lesa humanidad, se propone aplicar las normas vigente de la Constitución Política, según las cuales para ser congresista o Presidente de la República se requiere, entre otras cosas, no haber sido condenado en cualquier tiempo a pena privativa de la libertad, salvo por delitos políticos.

En materia de justicia, la iniciativa establece la creación de una sala especial de paz en la Corte Suprema de Justicia, que aplicaría el mecanismo de justicia transicional previsto en el acuerdo por el término de 15 años como tribunal mixto, conformado por magistrados nacionales y extranjeros,preferiblemente de la Corte Penal Internacional.

Quienes han cometido delitos de lesa humanidad tendrían una pena de reclusión de 6 a 10 años en colonias agrícolas, de los cuales serán efectivos entre 3 y 5, siempre y cuando se confiese la totalidad de las conductas, se satisfagan los derechos de las víctimas y se cumplan la totalidad de las condiciones del acuerdo.

De lo contrario, perderán el beneficio de la parte proporcional de la pena suspendida. En el evento en que los miembros de las Farc no confiesen su responsabilidad por algún delito, serán juzgados por la jurisdicción ordinaria con las penas previstas en el régimen penal general. Por último, precisó que ni la refrendación del acuerdo ni su implementación implicarán su incorporación integral al texto de la Constitución Política ni al bloque de constitucionalidad, en sentido estricto ni lato.

Propuestas Andrés Pastrana

 Finalmente, el expresidente Andrés Pastrana planteó una serie de líneas rojas, dentro de las que incluyó la Constitución Política, la protección plena de propiedad privada, verdad pronta sin mentiras, seguridad jurídica, justicia colombiana para colombianos y participación política en condiciones aceptables (Lea las propuestas en este enlace).

Para el exmandatario, el Acto Legislativo para la Paz (A. L. 001/16) perdió vigor jurídico y no se podrá revivir, lo que significa que los acuerdos de La Habana no ingresan al bloque de constitucionalidad y que el procedimiento legislativo especial y las facultades presidenciales no podrán usarse.

En materia de justicia transicional, dice el político, no pretende ver a los cabecillas de las Farc tras las rejas y afirma que es importante la justicia transicional para el fin del conflicto. Ahora bien, estas son sus aclaraciones para que la Jurisdicción Especial de Paz y la justicia ordinaria estén articuladas:

· La última instancia y los recursos extraordinarios (de casación y revisión) deberán ser resueltos por una sala especial de la Corte Suprema de Justicia.

· Las acciones de tutela serían revisadas por la Corte Constitucional en última instancia y

·La administración de justicia debe estar siempre a cargo de la Rama Judicial.

Otro elemento planteado por el líder conservador es que se proteja la cosa juzgada, pide que solo se pueda revisar una sentencia o un proceso con el fin de aplicar exclusivamente un tratamiento más favorable a la pena, en ningún caso podrán hacerse más gravosas las condiciones ya fijadas.

Por otra parte, propone que todos los jueces de la justicia transicional sean nacionales y que se introduzca la figura del amicus curiae, que permite la participación de terceros, incluso extranjeros, quienes tienen la función de formular observaciones dentro un proceso o ejercer una veeduría técnica, sin que puedan juzgar ni emitir fallos.

Sobre las condiciones de reclusión, plantea aplicar el artículo 77 del Estatuto de Roma, que obliga la imposición de penas que impliquen reclusión, entendida por Pastrana como la permanencia en zonas que cuenten con restricción de la movilidad y monitoreo del Estado, en zonas rurales de transición definidas geográficamente o, excepcionalmente, podrían ser cumplidas en el exterior.

Ámbito Jurídico.

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